El servicio de prevención de riesgos laborales afecta a la seguridad y salud en el trabajo. Es un sector relativamente nuevo y la forma en que se organiza y ejecuta esta materia no está ajena a cierta polémica.

Se ha comprobado cómo puede existir fraude en los servicios de asesoramiento en prevención de riesgos laborales de ciertas asociaciones como:

1. No disponer de la acreditación correspondiente de la autoridad laboral.

2. Servirse del crédito a la formación de empresas mediante bonificaciones de la Seguridad Social, de modo que se produce una financiación encubierta de asesoramiento en materia de prevención.

3. Disponer de ese mismo crédito para formar a empresarios y autónomos.

4. Información poco clara para el empresario en cuestiones relacionadas con la normativa de PRL (prevención de riesgos laborales).

De esta manera, han surgido cursos online y programas de software gratis que se ofrecen al empresario en el momento en que contrata un curso de formación a cargo de la Fundación Tripartita.

Esta práctica supone un mal uso de los fondos públicos y, a la vez, una merma en los ingresos de la Hacienda Pública ya que, según se especifica en el artículo 4 de la Ley 37/1992 sobre el Impuesto del Valor Añadido, no se pueden ofrecer actividades de formación (exentas de pago de IVA) como si fueran servicios (sujetos a IVA).

¿Qué es el asesoramiento en prevención de riesgos laborales?

Para no caer en ciertas prácticas engañosas, es necesario saber que “los servicios de prevención tienen que proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que necesite en función de los riesgos laborales que en ella estén presentes”, según el apartado 3 del Artículo 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello se deberá:

1. Diseñar, implantar y ejecutar un plan de prevención de acuerdo con la actividad de la empresa.

2. Evaluar los posibles riesgos que afecten a la salud y seguridad de los trabajadores, tal como están previstos en el artículo 16.

3. Planificar y determinar las prioridades en materia de prevención de riesgos y vigilar la eficacia de las mismas.

4. Formar e informar a los trabajadores, tal como está previsto en los artículos 18 y 10.

5. Prestar servicios de planes de emergencia y de primeros auxilios.

6. Vigilar la salud de los trabajadores teniendo en cuenta los riesgos a los que están expuestos en su trabajo.

Teniendo en cuenta estos requisitos, no se podrá considerar formación a una empresa que no esté acreditada como servicio de prevención ajeno.

Hay que tener en cuenta que un empresario sí puede hacerse cargo de la actividad preventiva, siempre y cuando el número de trabajadores a su cargo no exceda las 10 personas y su actividad de trabajo se desarrolle en el mismo centro laboral.

Conclusión

Para ello, podrá utilizar herramientas de apoyo como Protección 10, un portal de asesoramiento público para empresas con menos de diez trabajadores.

Las consecuencias de no contar con un servicio de prevención ajeno pueden llevar a una pérdida de la calidad preventiva, siendo esta de carácter social, al privar a los trabajadores de una protección mínima y encontrarse en una situación de dudosa legalidad.